- El Ministerio Público instó al Ministerio del Trabajo y a la Junta Nacional de Invalidez, para que agilicen los trámites de más de 11 mil casos que esperan pronta respuesta.
El 6 de febrero de 2025 la Procuraduría General de la Nación (PGN_COL), llamó a la Junta de Nacional de Invalidez y al Ministerio del Trabajo a agotar todos los esfuerzos para descongestionar los más de 11 mil casos de solicitudes represadas para alcanzar una pensión por incapacidad.
En una reunión, convocada por el Ministerio Público, se acordaron compromisos para que la Junta Nacional de Calificación, a través de sus salas principales y salas de descongestión, agilicen la atención de los reclamos de los ciudadanos y les brinden solución oportuna y pronta.
Para el ente de control, resulta inadmisible que muchas personas lleven uno, dos y hasta más de 5 años esperando una respuesta de calificación de invalidez para poder alcanzar su pensión, situación que se pretende solucionar con la vigilancia preventiva que adelanta el ente de control.
A corte del 30 de enero del 2025, han logrado resolver 2.652 casos de los 5.395 asignados a las salas de descongestión, sin embargo, la cifra sigue siendo baja por lo que el Procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Samuel Arrieta, exhortó a la prestación de un mejor servicio y solicitó, además, a la Junta Nacional de Invalidez a agilizar los trámites de solicitudes de calificación.
Así mismo, el delegado, en aras de velar por la garantía de los derechos de los sujetos de especial protección constitucional, advirtió que realizará mesas de seguimiento con el propósito de lograr la descongestión efectiva del alto represamiento y de esta manera garantizar resultados óptimos para la población en condición de discapacidad.
Buenas noticias para las personas que se encuentran a la espera de que les resuelvan su situación pensional. No sin antes recordar que son trabajadores que vienen pasando por situación sensible y requieren pronta y oportuna solución, en especial cuando el ciudadano es un sujeto de especial protección constitucional, pues se encuentra en situación de discapacidad, al tener una pérdida de la capacidad laboral con posible perdida mayor al 50% que le garantiza una pensión para su mínimo vital de acuerdo con el objeto de las garantías de la Seguridad Social en Colombia.