NUESTROS DERECHOS AUN REPOSAN EN CABEZA DEL ESTADO.

La protección a la salud del ciudadano, en especial del adulto mayor, está correlacionada con la garantía de pensiones, en los derechos constitucionales artículos 48 y 49, de la Constitución Política se garantizan, el primero, las pensiones, como derecho a la seguridad social; el segundo, la salud, servicio público que garantiza el acceso para todos los ciudadanos, sin excepción.

Con la responsabilidad de dirigir y reglamentar la prestación de estas garantías el Estado delegó, o -tercerizó, como le llaman en la modernidad la administración del negocio-, el manejo de la salud y de las pensiones, conforme a la Ley 100 de 1993; es decir, hace 32 años la empresa privada administra tanto la una como la otra, sin acción dirigida a la salud mental del ciudadano, excepto aquellas que ordenan los jueces de tutela protegiendo al accionante.

Correlativamente, nuestro Código Civil, en los Artículos 738 y 739,

prevé el principio de “lo accesorio sigue la suerte de lo principal” significando que lo que es secundario o dependiente de algo principal sigue el mismo destino que lo principal. En otras palabras, si algo es accesorio, su existencia y destino están ligados a la cosa principal de la que depende. Ello para resaltar la preocupación del columnista invitado del periódico El Espectador, Eduardo Herrera, en su artículo del 18-08-2025, “Colombia necesita un Plan Nacional de Demencias”[1] señalando, con lógica, la inminente necesidad de que el Estado implemente un plan nacional para la demencia; mencionando unas causas, como “condiciones neurológicas, neuropsiquiátricas e incluso la interacción con factores sociales. Por ejemplo, el acceso a educación, salud, buena alimentación, y otros determinantes sociales de la salud influyen en la prevalencia y gravedad de los síntomas”.

Se puede colegir que su legítima preocupación, coincide con la que tiene la población colombiana de siempre, en especial desde los años noventa, cuando el ciudadano fue excluido, cuando el Estado neoliberal dispuso, del manejo de los ahorros del trabajador para garantizar la creación de empresas y, por supuesto, la protección del negocio que, a lo largo de tres décadas, ha crecido garantizando gran productividad empresarial que, con dichos ahorros, garantiza la protección de su prosperidad. Aumentando en la misma proporción y rapidez, la preocupación y vulnerabilidad de la salud del ciudadano en el país.

Por otro lado, la situación no solo se evidencia en las enfermedades mentales; también ha sucedido con las enfermedades huérfanas y las enfermedades catastróficas, reconocidas solo en letra muerta, misma que, para ser socorridas, requiere encontrarse en estado calamitoso, necesitando, además, recurrir a la orden de un juez de tutela para que puedan ser atendidas. Situación que no ha sido inadvertida por la Corte Constitucional en sentencias requisitorias, ni por organismos internacionales que demandan ser atendidos con premura.

En el contexto colombiano, varios individuos y entidades administradoras de la salud están siendo investigados penal, fiscal y disciplinariamente; pocos han sido condenados por desfalcos y corrupción relacionados con los recursos de la salud, los casos involucran fraudes en recobros al Fosyga – (hoy ADRES), desvíos de fondos para beneficio propio y otras irregularidades financieras.

Las pruebas son abundantes; la más reciente condena a más de 15 años de prisión a exdirectivos de Saludcoop, Carlos Gustavo Palacino y Javier Mauricio Sabogal, por fraude sistemático en recobros ante el Fosyga, en más de 390.000 millones de pesos, usados para la adquisición de propiedades y otros fines personales, como reza la sentencia.

Por otro lado, la Contraloría General tiene 41 fallos fiscales en firme, por $542.995 millones, por mal manejo de recursos de salud.

Amén de los escándalos conocidos de las EPS intervenidas: Nueva EPS, Sanitas, Emssanar, Savia Salud, Famisanar, Asmet Salud, Coosalud, SOS y Capresoca; estas EPS, manejan aproximadamente el 54.7% de la población afiliada, intervenidas por incumplimientos en indicadores básicos de operación y por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del sistema de salud.

Dado que estamos en precampaña electoral, un buen baremo para medir a los más de 70 precandidatos es ver cuántos incluirán en sus propuestas este tema, con qué seriedad y profundidad lo harán y qué tan creíbles serán las mismas. Tal vez sería ingenuo pensar que le meterán la mano al negocio a través de legislar protegiendo al ciudadano; sin embargo, hay que seguir explorando la fe en lo divino, en el progreso, e incluso en la capacidad humana para la redención.

En un Estado Social de Derecho, como Colombia, el Estado tiene la obligación de asegurar el libre desarrollo de las personas y respetar sus derechos sociales. Si como ciudadanos no exigimos, pues entonces terminaremos todos envejecidos y con desconocimiento de los riesgos de enfermedades mentales;

quizás, con la recurrente demencia, peste en el olvido macondiano, misma que ha borrado recuerdos, desdibujando nuestra identidad colectiva desde 1810.

[1] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/columnista-invitado-ee/colombia-necesita-un-plan-nacional-de-demencias-ya/